No podemos olvidar que las personas migrantes que viven en el campamento Puerto Príncipe de Dragones Sur son personas con derechos y una dignidad que respetar.
Los ciudadanos y ciudadanas de Curicó nos hemos enterado de la noticia que se entregó a través de la radio VLN el día 03 de abril de 2024, la cual comunicaba que “la Justicia ordenó el desalojo de la toma Dragones Sur de Curicó”. El año pasado también en las mismas fechas se hizo el mismo comunicado, provocando angustia y confusión entre los/as pobladores del Campamento, denominada hoy “Puerto Príncipe” (actualmente está inscrito en el Registro Nacional de campamentos). Estábamos en pleno otoño, acercándonos al invierno, y sin posibilidad de diálogo les cortaron la luz. Fue impresionante el despliegue de ayudas sociales de personas de distintas organizaciones y parroquias, quienes aportaron carbón y combustible, para que pudiesen calefaccionarse.
Este año, como señalamos antes, vuelve a salir la noticia, sin ninguna formalidad y respeto por los pobladores del campamento, provocando nuevamente angustia, dolor y molestia; sobre todo en un momento en que Haití vive una gran crisis social, en manos de bandas criminales y a punto de una guerra civil. Muchos haitianos/as del campamento están desesperados/as porque están matando y violentando a integrantes de sus familias, y no pueden hacer nada.
Esta vez la noticia de la radio VLN, tenía detrás el argumento de una resolución judicial. El Poder Judicial emitió una orden de desalojo por una querella presentada por los abogados del Señor Javier Muñoz, alcalde de la Ilustre Municipalidad de Curicó, que a su parecer y al testimonio de dos funcionario públicos y de las voces del vecindario, los/as pobladores haitianos/as que han usurpado el terreno municipal han transformado el campamento en un foco de delincuencia, de violencia y de tráfico de drogas.
Manifestamos todo nuestro dolor, decepción e indignación por estas acusaciones, que no encuentran respaldo en la permanente colaboración entre los dirigentes del campamento y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, tampoco entre funcionarios/as públicos y de la comunidad civil que, con verdadero compromiso social, se han esmerado en brindar a las personas migrantes y demás pobladores del campamento un servicio digno en temas migratorios, de salud, de educación, de formación e integración. Sentimos que en esta ocasión el representante de la Municipalidad tiene una apreciación de un sector y de sus pobladores, sin haber pisado el terreno del campamento hace más de un año, como sí lo han hecho los funcionarios del SERVIU y los censistas, entre otros. Qué fácil es estigmatizar y emitir juicios, cerrándose al diálogo y restándose a tocar y entender la realidad que vive la gente de este campamento.
Como Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Talca con sede en Curicó, junto a las religiosas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, que trabajan con personas migrantes y acompañan de cerca el Campamento dos veces a la semana, los religiosos Franciscanos Menores Conventuales, y a otros voluntarios, hemos estado realizando una labor humanitaria y no asistencialista (como señala la radio VLN), en un camino de integración y de progresiva regularización de la situación migratoria y habitacional de las 437 personas que residen en el campamento, además de los temporeros y personas en tránsito. Estamos hablando de 294 haitianos más 67 niños haitianos nacidos en Chile y con rut chileno; 62 bolivianos, 12 chilenos y 2 de otras nacionalidades.
Ante la amenaza de desalojo, que contraviene al trabajo recién concertado entre el Minvu y Serviu con las y los dirigentes del campamento Puerto Príncipe para formular una paulatina regularización de la situación habitacional de aprox. 150 familias, exigimos el respeto de los estándares establecidos por Naciones Unidas en materia de desalojos forzosos. La Observación General N°7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1994) regula las condiciones de lanzamiento y representa una obligación de Estado por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Obligación que varias sentencias de la Corte Suprema evidencian en el transcurso de los últimos meses, porque la ocupación de terrenos es un problema social que el poder judicial no puede resolver. Tan sólo el diálogo, la sensatez y la cordura contribuirán a superar este problema habitacional.
El derecho a la vivienda es para todas las personas, sin discriminación. Todas las personas tienen derecho a vivir en un lugar donde se sientan seguros, en paz y dignos.
Nos preocupa que se cumpla el debido resguardo y reubicación de los 100 menores de edad y sus familias: son 30 niños de 0 a 2 años, 50 niños de 3 a 9 años y 20 adolescentes. Nos preocupa el acuerdo y la digna demora que se asigne a sus familias, para evitar a los/as niños/as traumas sicológicos, para asegurar la asistencia a sus respectivos colegios y su estudio, así como la real posibilidad de asistir a los centros de salud familiar en los cuales están inscritos/as tanto los niños/as, como sus madres y en particular las mujeres embarazadas del campamento.
Nos preocupa el derecho a la salud y a una digna reubicación de un chileno de 68 años, no vidente, de una chilena de 68 años, con enfermedades y desplazamiento reducido, de un haitiano de 28 años, con una pierna amputada, de una haitiana, de una chilena de 35 años, con esquizofrenia… todos ellos con parejas o familia; además, de una mujer haitiana de aprox. 35 años, con problemas siquiátricos, que está en el programa del cesfam(Centro de salud familiar), y de otras personas con enfermedades declaradas, como: diabetes, hipertensión, problemas pulmonares u otras.
Nos preocupa el resguardo de los bienes de las familias, como se establece en el caso de los desalojos con derrumbe de casas, ya que actualmente viven en viviendas equipadas con todo lo necesario para una vida digna; cómo: ropa personal, muebles (closet), cocinas y refrigeradores, mercadería y utensilios; mesas, sillas, herramientas para el trabajo y el estudio. En resumen todo lo necesario para la vida digna que el campamento les garantiza, y que humanamente y legalmente no se les puede quitar.
Nos preocupa la honesta y digna consideración que la gente del Campamento merece tener por parte de las autoridades civiles y de los ciudadanos, siendo personas que desean y se esfuerzan por una real y sana integración en la Comuna y en Chile, como bien saben quienes con ellos y ellas trabajan, principalmente en los campos curicanos, quienes comparten la cotidianidad con sus hijos/as en jardines y colegios; quienes les ayudan en programas de aprendizajes del español como están haciendo las profesoras y alumnas de la UCM, tanto en la sede de la Universidad, como en la sede comunitaria del Campamento, en donde también se han organizado actividades de regulación migratoria, formativas y lúdicas; actividades realizadas por Instituciones gubernamentales y civiles, de organizaciones y fundaciones, de diferentes Iglesias y Asociaciones. ¡Ninguno/a de los/as que han han ingresado pacíficamente al campamento se ha ido asustado o angustiado por la delincuencia, las drogas y la violencia!
Comprendemos que es un terreno Municipal, ilegalmente ocupado desde el año 2019, y que inicialmente la gestión del edil Sr. Javier Muñoz ha intentado desalojar las primeras familias y encontrar soluciones oportunas, que merecen ser valoradas. Aún así, abandonar los intentos y el diálogo, los procesos de regularización emprendidos por Serviu (servicio de vivienda y urbanismo) y los múltiples compromisos hacia una plena integración, sólo se podrían convertir en una tremenda vulneración de tantos derechos. A la vez, cambiar para peor la vida habitacional y social de los/as 60 niños/as que han nacido en el Campamento y de todas esas familias, a mayor razón en este momento del año, si el desalojo se ejecutara en el mes de mayo, como nos ha indicado la Directora de la Dideco en un reunión.
¡No podemos aceptar ninguna vulneración de los Tratados y de Derechos Humanos de las y los pobladores del Campamento! El bien de la persona humana y de la comunidad será siempre nuestro enfoque prioritario. Ya que sólo el diálogo, hecho con inteligencia y sensatez, puede encontrar respuestas favorables para todos/as, rogamos y exhortamos que se busquen y refuercen caminos constructivos y asertivos, no destructivos.
FIRMAN:
Pastoral de Movilidad Humana, Diócesis de Talca
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús Provincia Latinoamericana del Cono Sur
OFM Conv – Delegación Chile
Vicaría Pastoral Social, Diócesis de Talca
INCAMI Chile
Curicó, 22 de abril de 2024.